Crisis electoral en Perú abre debate sobre continuidad del jefe de la ONPE

La crisis generada tras las recientes elecciones nacionales en Perú ha intensificado el debate sobre la continuidad del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, en medio de cuestionamientos por irregularidades y fallas logísticas que habrían afectado el desarrollo del proceso.

Durante el programa Diálogos del Montonero, la exministra de Justicia Delia Muñoz analizó los alcances legales y constitucionales de una eventual salida del funcionario, así como el impacto institucional de la actual situación.

Fallas en el proceso y pérdida de legitimidad

Uno de los hechos más graves señalados fue el retraso en la instalación de aproximadamente el 30% de mesas de votación, concentradas en su mayoría en Lima. Esta situación habría impedido el ejercicio del voto a un número significativo de ciudadanos, afectando la legitimidad del proceso electoral.

Muñoz explicó que, según el artículo 182 de la Constitución, el jefe de la ONPE es el responsable directo de organizar y garantizar la correcta ejecución de las elecciones, incluyendo la distribución oportuna del material electoral.

“Estamos ante una afectación al núcleo mismo de la democracia: el derecho al sufragio”, afirmó.

¿Es viable una segunda vuelta con la actual conducción?

La exministra consideró inviable que Corvetto continúe al frente de la ONPE en una eventual segunda vuelta, debido a la pérdida de confianza generada.

“El problema no es solo jurídico, sino de legitimidad. Hoy el debate está centrado en el árbitro y no en los candidatos”, sostuvo.

Opciones legales para su salida

Muñoz detalló que la Junta Nacional de Justicia tiene la competencia para iniciar un proceso disciplinario que podría derivar en la suspensión o destitución del jefe de la ONPE. No obstante, advirtió que este camino podría verse afectado por cuestionamientos políticos hacia dicha institución.

En ese contexto, planteó como alternativa que el propio Corvetto dé un paso al costado o solicite una licencia, a fin de reducir la tensión social.

De acuerdo con la normativa vigente, en caso de ausencia o vacancia, el gerente general de la ONPE asumiría temporalmente el cargo mientras se convoca a un nuevo proceso de selección.

Posibles responsabilidades legales

La exfuncionaria también señaló que las irregularidades podrían derivar en distintos niveles de responsabilidad:

• Constitucional, por incumplimiento de funciones establecidas en la Carta Magna.
• Administrativa, por fallas en la ejecución de protocolos y obligaciones operativas.
• Penal, en caso se determine negligencia grave u omisión de funciones.

Muñoz precisó que incluso impedir el voto a una sola persona podría configurar un delito contra los derechos políticos.

Impacto en la democracia

Finalmente, advirtió que la situación representa un golpe directo al sistema democrático, al afectar el derecho fundamental de los ciudadanos a elegir a sus autoridades.

“Este tipo de hechos socavan la confianza en las instituciones y pueden generar conflictos sociales”, indicó.

En un contexto de alta polarización política, la resolución de esta crisis será clave para garantizar la estabilidad y la legitimidad de una eventual segunda vuelta electoral.

Fuente: EL MONTONERO