Una nueva controversia envuelve al Instituto Nacional de Salud (INS) luego de que una investigación periodística revelara presuntas irregularidades en la contratación del excongresista Héctor Becerril, quien fue contratado por S/ 39,132 para realizar una consultoría relacionada con los laboratorios del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN).
La consultoría tenía como objetivo revisar el funcionamiento de los laboratorios encargados del control de calidad de alimentos destinados a programas sociales del Estado, entre ellos Cuna Más y el programa Vaso de Leche.
Sin embargo, un reportaje difundido por saludconlupa.com señala que el primer informe entregado por Becerril el pasado 20 de marzo tendría un alto nivel de coincidencia con un documento interno elaborado previamente por el biólogo Juan José Quispe Mejía, exsubdirector de los Laboratorios de Control de Calidad de Alimentos y Nutrición del INS.
Según la investigación, ambos documentos presentarían similitudes en la redacción, tablas, estructura, análisis técnicos, conclusiones y recomendaciones.
El informe observado consta de 33 páginas y habría reproducido gran parte del contenido del documento original presentado días antes por el especialista del INS.
Otro aspecto que generó cuestionamientos fue que el entregable incluyera información sobre la evolución de los laboratorios entre 2020 y 2026, pese a que la consultoría solo debía abarcar el periodo comprendido entre 2020 y 2025.
Dicha referencia coincidiría con el informe interno elaborado por Quispe, el cual sí contenía datos actualizados hasta marzo de 2026.
La investigación también advierte sobre la rapidez con la que se realizó la contratación. De acuerdo con la publicación, los términos de referencia fueron aprobados el 19 de febrero y cuatro días después ya se había emitido la Orden de Servicio a favor de Becerril.
Frente a estos hechos, especialistas consultados consideraron que el caso debería ser evaluado por los órganos de control correspondientes e incluso por el Ministerio Público, con el fin de determinar posibles responsabilidades administrativas o penales.
Fuente: Jaime Abanto Padilla
