Una nueva batalla legal pone en vilo la ejecución de proyectos de infraestructura en la ciudad. El Segundo Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca ha recibido una Acción de Amparo (Expediente 00057-2026) presentada contra la Municipalidad Provincial de Cajamarca (MPC), alegando la vulneración de derechos constitucionales críticos.
Las ciudadanas Carmen Elena Ramírez Saucedo y Fany Paola Vera Rojas, representadas legalmente por Víctor Manuel Vallejo Vásquez, han solicitado la intervención judicial argumentando que la gestión municipal está afectando el derecho al trabajo, la libertad de empresa, el derecho a un ambiente sano y el derecho a la ciudad. En el caso de la construcción del puente a desnivel o promocionado como By Pass.
En este escenario, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) se convierte en el actor técnico determinante. Su importancia radica en ser el ente encargado de garantizar que los proyectos de inversión de gran envergadura cumplan con los estándares ambientales y sociales.
El SENACE debe validar si la obra cuenta con los estudios de impacto ambiental adecuados. Su participación asegura que la viabilidad del proyecto no responda a intereses políticos de turno, sino a una evaluación científica del entorno urbano.
La intervención de este organismo brinda seguridad jurídica a la población. Un proyecto que no pase por el filtro riguroso del SENACE corre el riesgo de ser percibido como una imposición que ignora la salud pública y el equilibrio ecológico.
Ante ello surge una interrogante ¿Cómo el Senace, aprobó un expediente, cuando hasta el momento no se tiene una licencia social de los directamente afectados? ¿Cementos Pacasmayo, no es riguroso en la documentación preliminar antes de ejecutar alguna obra bajo la modalidad de Obra por impuesto?
¿Qué implicancias traerá esta demanda?
La admisión de esta Acción de Amparo genera tres efectos inmediatos en el panorama local:
Inseguridad Jurídica para la Obra: Mientras el Poder Judicial evalúa el fondo de la demanda, existe el riesgo de que se soliciten medidas cautelares para suspender cualquier inicio de trabajos.
Conflicto Social: La demanda visibiliza un sector de la población que se siente desprotegido frente a las decisiones de la administración municipal, lo que podría derivar en movilizaciones.
Auditoría de Procesos: La MPC se verá obligada a transparentar todos los expedientes técnicos y licencias ambientales ante el juez, exponiendo cualquier debilidad administrativa previa.
¿SE PODRÁ EJECUTAR LA OBRA O SE AMPLIARÁN LOS PLAZOS?
La normativa peruana es clara, la sola presentación de una demanda no detiene automáticamente la ejecución. Sin embargo, el escenario más probable es una ampliación de plazos o una paralización temporal.
Si el juzgado dicta una medida cautelar, la obra se detendrá de inmediato para evitar “daños irreparables”. Esto obligaría a reprogramar todo el cronograma de ejecución.
Incluso sin suspensión, la municipalidad de Cajamarca tendrá que destinar recursos técnicos y legales para responder a la demanda, lo que suele ralentizar la gestión operativa de la obra.
Si la sentencia final resulta fundada, la obra podría quedar cancelada definitivamente o requerir modificaciones estructurales en su diseño para respetar los derechos invocados.
El éxito de esta defensa ciudadana dependerá de si se logra demostrar que la Municipalidad omitió pasos críticos en la planificación urbana y ambiental, donde la ausencia o el cuestionamiento de informes de entes como el SENACE sería el “talón de Aquiles” del proyecto municipal.
