A pesar de que tratados internacionales prohíben la pena de muerte en Perú, Dina Boluarte reafirmó su propuesta como medida contra la inseguridad. La CIDH lo ratificó en 1994 que no puede ampliarse su uso.
La presidenta del Perú, Dina Boluarte, volvió a insistir en la aplicación de la pena de muerte como medida para combatir el crimen en el país. Durante una conferencia de prensa, la mandataria aseguró que su propuesta no busca desviar la atención pública, sino enfrentar el incremento de la inseguridad.
“Estoy convencida de que aquellos que asesinan o violan a menores de edad, mujeres o niños no tienen forma de resocializar. Es ahí donde se tiene que aplicar la pena de muerte. Esta posición no es para distraer la atención, lo hacemos pensando en el país (…) Debatamos esta propuesta, hagámosla posible”, dijo la presidenta.
El último lunes, en el inicio de las clases escolares, Dina Boluarte también anunció que “está pensando” en aplicar la pena de muerte como una medida para frenar la ola de delincuencia y extorsión en el país, pese a que esto es inviable, debido a que el Perú forma parte del tratado del Pacto de San José. Como consecuencia de la deficiente gestión de Boluarte, en materia de seguridad ciudadana, en lo que va del año se reportó que 444 ciudadanos han sido asesinados, cifra que demuestra el mal manejo del actual Gobierno.
“A estos malditos asesinos les digo que estoy pensando seriamente en la pena de muerte porque ningún sicario, ningún extorsionador podrá manchar de sangre a familias que quieren a sus hijos emprendedores y emprendedoras que, con justo esfuerzo, se labran el futuro. A estos les digo, firmemente, que estoy pensando seriamente en la pena de muerte, porque no vamos a permitir un muerto más de un peruano, de una peruana que, honestamente, trabaja”, dijo Dina Boluarte, pese a que 700 colegios son extorsionados y no pudieron iniciar las clases.
A pesar de lo mencionado, la jefa de Estado decidió observar, en enero de este año, el proyecto de ley que restituía la detención preliminar en casos de no flagrancia, una herramienta fundamental para que la Fiscalía pueda solicitar al Poder Judicial que se detenga a una persona, con el fin de garantizar su presencia mientras duren las investigaciones por diversos delitos.
Fuente: La República
