Mientras la Policía los captura, el sistema fiscal los libera. La indignación crece en Cajamarca tras conocerse que el fiscal Jesús Portal Castrejón ordenó la libertad de dos sujetos acusados de rociar combustible e intentar incendiar el negocio de una mujer. El delito habría estado vinculado a extorsión. La víctima sigue amenazada y desprotegida.
La justicia en Cajamarca ha vuelto a fallarle a las víctimas. Esta vez, el nombre que está en el centro del repudio ciudadano es el del fiscal Jesús Portal Castrejón, quien, según reveló el coronel PNP Edward Iván Scott Arenaza, jefe de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI), fue el responsable de liberar a dos sujetos extranjeros detenidos por intento de feminicidio y extorsión.
Ambos individuos fueron intervenidos tras ser captados rociando combustible en el local de una mujer, en un aparente intento de prenderle fuego como represalia por no pagar “cupos”. El hecho fue catalogado por la Policía como un acto directo de intimidación criminal, vinculado a redes de extorsión que operan en la ciudad.
TRABAJO POLICIAL FRUSTRADO POR DECISIONES FISCALES
La captura fue producto de un operativo en el que participó personal de la Policía de Tránsito, cuyos agentes lograron identificar y detener a los presuntos agresores en flagrancia. No obstante, pocas horas después, el fiscal Portal Castrejón ordenó su liberación sin mayores diligencias, frustrando el trabajo policial y exponiendo nuevamente a la víctima.
“La señora continúa recibiendo amenazas. Mientras nosotros seguimos luchando para contener estos actos criminales, el sistema judicial nos da la espalda”, declaró a la prensa el coronel Edward Scott con visible indignación.
UNA MUJER DESPROTEGIDA FRENTE AL CRIMEN
La víctima, cuyo nombre se mantiene en reserva por seguridad, declaró a medios locales que se siente completamente abandonada por el sistema judicial. “Estoy aterrada. Ellos, los agresores, están libres, yo no tengo ninguna protección, y me siguen llamando, me siguen amenazando”, denunció entre lágrimas.
Este caso no solo refleja una decisión polémica, sino una cadena de impunidad que permite que la violencia contra las mujeres y el crimen organizado sigan creciendo con la complicidad de quienes deberían impedirlo.
¿IMPUNIDAD DELIBERADA?
Desde distintos espacios de la sociedad civil y del gremio legal, se ha cuestionado duramente la actuación del fiscal Jesús Portal. Abogados consultados por Otra Prensa han señalado que su accionar podría configurar una falta grave e incluso una infracción penal por omisión de deberes funcionales.
“No es admisible que un intento de quema de una persona o su negocio sea tratado como si fuera una falta menor. Se trata de un hecho grave, con riesgo de muerte, y claramente vinculado al delito de extorsión”, señaló un jurista penalista.
Ya se han anunciado pedidos para que el Ministerio Público evalúe abrir una investigación interna contra el fiscal Portal Castrejón, cuyo accionar viene siendo calificado como negligente, permisivo y contrario al deber de protección a las víctimas.
UN SISTEMA QUE PROTEGE AL AGRESOR, NO A LA VÍCTIMA
Este nuevo episodio vuelve a poner en el banquillo al sistema fiscal en Cajamarca. Mientras la Policía arriesga su integridad para identificar y detener a criminales, la decisión de un fiscal puede desbaratar semanas de trabajo, devolver a los delincuentes a las calles y dejar a las víctimas sin defensa alguna.
¿Hasta cuándo el sistema judicial continuará avalando con su silencio decisiones que atentan contra la seguridad y la vida de los ciudadanos?
La justicia no puede seguir siendo un privilegio para los violentos ni un castigo para quienes se atreven a denunciar.
